Esta mañana, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema instaló el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y otros cinco coacusados en el marco del fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.
Esto, a pesar de las maniobras dilatorias de Castillo, quien anoche cambió a su abogado, Luis Medrano y designó a su exministro, Iber Maraví, como su nuevo defensor legal; sin embargo, al inicio de la audiencia rechazó participar en el proceso judicial.
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Si bien un grupo de simpatizantes de Castillo se reunió en el frontis del penal Barbadillo para mostrarle su apoyo, las muestras de afecto hacia el exmandatario también vinieron desde el exterior.
A través de sus redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a expresar su respaldo al exmandatario peruano. A su juicio, Castillo viene siendo procesado en nuestro país “por ser pobre y de izquierda”.
“Este juicio a un presidente de la república es por ser pobre y de izquierda. Un insulto a la convención americana de derechos humanos y un insulto a la democracia. La voluntad popular que lo eligió presidente fue simplemente burlada”, sostuvo.
Cabe recordar que no es la primera vez que Petro brinda su respaldo a Castillo en medio del proceso por el golpe de Estado. Es más, su postura originó un conflicto diplomático con el gobierno de Dina Boluarte.
No obstante, el mes pasado, luego de varias negociaciones, se reestablecieron las relaciones diplomáticas plenamente entre Perú y Colombia, según confirmó la Cancillería.
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Ratifican pedido de prisión para Castillo
Durante la audiencia realizada esta mañana, la representante de la Fiscalía, Galinka Meza, ratificó su pedido de prisión efectiva de 34 años contra Castillo y su inhabilitación de 3 años y 6 meses.
De igual manera, reiteró su pedido de 25 años de cárcel para la expremier Betssy Chávez, y el exministro del Interior, Willy Huerta, así como la sanción contra el exconsejero de la PCM, Aníbal Torres (15 años de prisión).
Por su parte, el representante de la Procuraduría General del Estado (PGE) reiteró su pedido para que Castillo, Chávez y los demás coacusados paguen, de forma solidaria, la suma de S/ 65′419,038.53 por concepto de reparación civil en caso sean sentenciados.
La fiscal enfatizó que este juicio oral no tiene precedentes en nuestra historia ya que Castillo “quebrantó el orden democrático y constitucional, pese a haber sido elegido presidente”.
Según dijo, el exmandatario, Chávez y Torres se reunieron un día antes del golpe de Estado; es decir, el 6 de diciembre del 2022, para “coordinar el plan criminal y elaborar el mensaje a la Nación que debería ser leído al día siguiente”.
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